Autor: Javier Fernández, Consejero Legal y Director de Asuntos Regulatorios CropLife Latin America, jfernandez@croplifela.org

Abril 2021

La creciente población mundial demanda alimentos inocuos y espera sean producidos de forma sostenible. Para ello, la agricultura debe ser económica y socialmente viable, además de amigable con el medio ambiente. Pero a su vez, también se señala a la agricultura como gran causante de la pérdida de biodiversidad mundial. Este último tema se discutirá durante la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre próximo.

Una forma de atender las expectativas de la producción agrícola es mediante el uso de estándares. Algunos son oficiales como el Codex Alimentarius, operado por la FAO y OMS, o programas nacionales de monitoreo de residuos de plaguicidas. Los productores también cumplen voluntariamente con las expectativas de su forma de cultivar. Con el apoyo de gremios o cooperativas diseñan programas para certificar su producción. Tal es el caso del sello Cosecha Azul para conservación de recurso hídrico en Centroamérica, el sello Agricultura Sustentable Certificada (ASC) liderado por Aapresid en Argentina para la verificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

La cadena de valor agrícola ofrece una tercera forma de aplicar estándares de producción. Entes privados desarrollan guías de cumplimiento, acreditan a productores y auditan su cumplimiento. Tal es el caso de GlobalGAP, Rainforest Alliance o Fair Trade.

Estandares Privados

Los estándares privados son útiles para procurar aspectos de sostenibilidad como la preservación de la ecología (ej. prohibición de expansión a bosques, manejo de agua, zonas de amortiguamiento, manejo integrado de plagas) o mejorar condiciones laborales (ej. salarios dignos, controlar la contratación infantil, medidas de salud ocupacional, cumplimiento de jornadas de trabajo, atender temas de género). No es sorpresa que los esquemas de certificación agrícola hayan proliferado, tanto geográfica como temáticamente.

El cumplimiento de estos estándares privados es todo un reto para el agricultor. Voluntarios en apariencia, la adhesión a los estándares se convierte cada vez más en una condición de acceso a mercados, para no decir barrera de acceso. Lo anterior se agrava con la gran variedad de estándares no armonizados y mercados que los requieren. En este escenario, el agricultor se enfrenta a tener que cumplir con tantas certificaciones como posibles compradores pretenda. Adicionalmente, el productor corre el riesgo de que el cumplimiento de algún estándar entre en conflicto con otro.

Un problema adicional es que el costo de certificación de estándares privados normalmente lo debe absorber el agricultor. Gran cantidad de sellos de certificación impiden trasladar ese costo al precio de la cosecha, lo que se conoce como un premium. El costo adicional se une a los intrínsecos de su producción, como acceso a la tierra, crédito, insumos y seguros, entre otros.

Pero quizás el problema más profundo de los estándares privados surge cuando pasan de ser un medio de cumplimiento de sostenibilidad a ser un fin en sí mismos. Esto sucede cuando los cada vez más poderosos actores del encadenamiento, como intermediarios y detallistas, usan los estándares para atraer al consumidor final a determinado supermercado. El cambio en el fin último de los estándares puede hacerlos distanciarse de la realidad agrícola.

Un ejemplo de esta realidad se da en cuanto al control fitosanitario. Usados correctamente según indicaciones de etiqueta, los plaguicidas resultan ser herramientas efectivas y rentables para el control de plagas. En algunas situaciones, son las únicas eficaces debido a las condiciones agroclimáticas de producción y para contrarrestar la presión de plaga. Sin embargo, algunas guías de certificación imponen crecientes listas de prohibición de uso de agroquímicos. Ya sea por activismo o para atraer más consumidores a determinada cadena de supermercados, esa tendencia puede afectar la producción agrícola y no precisamente a favor de la sostenibilidad.

Si bien hay agroquímicos con perfil toxicológico o ambiental de mayor cuidado, también hay medidas de mitigación útiles para reducir su riesgo. Zonas de amortiguamiento, horas de aplicación restringidas, períodos de reingreso de operarios, son algunos ejemplos. Si a pesar de ese tipo de medidas persiste un riesgo inaceptable para la salud o el ambiente, la prohibición de uso puede ser el último resorte como medida de mitigación. Sin embargo, varios estándares privados se decantan por la prohibición de uso como la primera medida, esto como estrategia de mercadear supuesta sostenibilidad. Dejar desprovisto al agricultor de herramientas de control fitosanitario sin mecanismos sustitutos efectivos crea importantes brechas en el encadenamiento productivo.

Aunque el desarrollo de guías de certificación invoca parámetros de consulta y transparencia, plegarse a objetivos comerciales por sobre sus fines originalmente trazados deslegitima el modelo.